Durante los últimos años, las reglas del juego para las personas con discapacidad han tenido un gran cambio en muchos ámbitos. Desde la participación política de Lenin Moreno, ex vice presidente y actual presidente se han planteado varios planes para mejor la vida de las personas con discapacidad en las distintas áreas. Laboralmente, es un requisito de todas las empresas que el 10% de sus empleados sean personas con discapacidad. El bono Joaquín Gallegos Lara garantiza una manutención mensual para cubrir sus necesidades juntamente con el carnet del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS), que abre las puertas a beneficios médicos y trámites priorizando a estas personas. Sin embargo, existe un área donde todavía no se ha podido implementar un plan estratégico que cumpla con las necesidades básicas de las personas con discapacidad, los Centros de Rehabilitación Social.
Centros de Rehabilitación Social
La historia penitenciaria del Ecuador se desarrollo desde 1879 cuando el Penal Gabriel García Moreno inauguró sus instalaciones que al principio recibió 200. El penal tuvo la estadía de algunos próceres de la independencia como Eloy Alfaro, personajes de la política como Lucio Gutiérrez y narcotraficantes como Oscar Caranqui.
Ubicado en el Centro Sur de la ciudad, el Ex penal estuvo en funcionamiento 135 años. A pesar de tener claro el número de aforo había un gran problema de hacinamiento. La mayoría de celdas tenías capacidad para que dos personas puedan tener un espacio donde dormir y un pequeño baño. Sin embargo, por la falta de espacio las celdas se acumulaban de PPL y en un máximo habían hasta 26 personas en una celda.
El gobierno de Rafael Correa inauguró lo que supuestamente se convertiría en un Centro de Rehabilitación Social y ya no en una cárcel. Movilizaron a 2551 personas privadas de libertad al nuevo CRS en Cotopaxi.
Durante la pre producción, construcción y acondicionamiento del CRS Cotopaxi, los estudios del Ministerio de Justicia se basaron en el censo social y demográfico penitenciario realizado en el 2008. En este, se evidenció que habían 13 532 personas privadas de libertad, de las cuales 228 son discapacitados, solo 16 tienen el carnet del CONADIS: 110 tienen discapacidad visual, 47 discapacidad auditiva y 16 discapacidad física.
Estructuralmente, este nuevo CRS pretendía garantizar el acceso de todos con rampas, sin embargo no existen documentos informativos en braille, guías penitenciarios capacitados en lenguaje de señas o sillas de ruedas para todos los que lo necesiten.
“Él ya se había ido”
“Soy voluntaria en una fundación que visita y cuida a las Personas Privadas de Libertad (PPL). Llevo seis años haciéndolo y realmente ha sido una bendición. He conocido mucha gente, he visto como entran y también la alegría que tienen cuando obtienen su libertad, pero parte de este trabajo ha sido difícil, pues he visto el sufrimiento de muchos y lamentablemente yo no puedo hacer nada.
Una vez conocí a un señor que tenía una discapacidad física, no podía caminar, había nacido con esta discapacidad. No recuerdo exactamente porque entró al Centro de Rehabilitación Social (CRS) pero recuerdo que tenía una silla de ruedas que estaba a punto de caerse, las ruedas estaban dañadas, el asiento estaba roto, lo habían parchado y los metales se volvieron inservibles. Él no podía salir porque esta silla de ruedas no servía y por supuesto, cuando había visita de las autoridades al CRS se ordenaba a los mismos internos a arreglarla, para que parezca que todo está bien.
Decidí apersonarme de este caso y busqué por muchos lugares una silla. Lamentablemente, él era de Colombia y habían ordenado su extradición así que cuando llegué nuevamente al CRS ya se había ido”.
“Si no estás muriendo, no te atienden”
Leonardo Peñaherrera es pastor de una Iglesia en el Sur de Quito. Antes de ejercer esta labor cometió algunos delitos que le llevaron a estar en un CRS por dos años.
Unos pocos meses después fue trasladado a el CRS en Turi, Cuenca, donde pasó el resto de su condena. A demás de casos de maltrato, hacinamiento, días de aislamiento, conoció a alguien que es una de las muestras más evidentes de una realidad dentro de los CRS a nivel nacional.
Según la Constitución, los derechos de salud, educación y bienestar el Estado garantiza todo lo que está involucrado en el tratamiento y desarrollo de una discapacidad. Pero no existe una normativa clara sobre qué se debe hacer con las personas que por los años no tienen la facultad completa de manejarse solos o se contempla la posibilidad de un indulto.
